Las Luces de Agosto:

El Tribunal Supremo ha dado un duro varapalo a la promoción de viviendas sin control al prohibir que se construya en las zonas protegidas del Parque Natural del Cabo de Gata, en la provincia de Almería, y al anteponer además las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) por encima de los planes municipales de urbanismo, que según manifiesta, deberán estar sujetos siempre a la aprobación de las primeras.

el constructor Federico Echevarría quería construir una gran urbanización, de 48 hectáreas, en el paraje de Agua Amarga, una zona declarada Hábitat Prioritario y Exclusivo por la Unión Europea y catalogado en 1997 por la Unesco como Reserva de la Biosfera. Aunque la Junta de Andalucía había paralizado sus planes, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma dio la razón en 2003 al entonces alcalde de Níjar, el socialista Joaquín García Fernández, en cuyo término se encuentra el parque, y que había presentado un recurso.

Pero la batalla no termino ahí. La Junta de Andalucía recurrió al Supremo y éste ha sido ahora contundente. La sentencia prohíbe de forma expresa edificar no sólo en Agua Amarga, sino también en otras zonas donde había proyectos similares como San José, Pozo de los Frailes y Hortichuelas. El Tribunal tan sólo autoriza las edificaciones en zonas urbanizables y que no tienen en ningún caso un efecto perjudicial sobre el medio ambiente.

La urbanización en Agua Amarga hubiera supuesto la construcción de 350 viviendas y un hotel de cuatro estrellas con más de 300 habitaciones en una pedanía de Níjar que tiene apenas 200 habitantes, por lo que hubiera triplicado la población. Y eso que Echevarría calificaba su proyecto como “una urbanización ecológica y respetuosa con el entorno”.

Aunque en el caso de Cabo de Gata el fallo del Tribunal Supremo da la razón a la Junta de Andalucía, supone también paradójicamente un golpe para los planes del presidente andaluz, Manuel Chaves , que ha cambiado el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado el año pasado, para permitir que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan crecer sin freno.