Post etiquetado Corrupción Urbanística
Febrero 19, 2008
· Archivado en Arco Levantino y Andalucía, Ladrillazo y Corrupción · Tagged Alcalde, Ayuntamientos, Barranco de Rajadell, Barrancos, Benidorm, CHJ, Concejal de Urbanismo, Concejales, Confederación Hidrográfica del Jucar, Consistorio, Construcciones Euromar SL, Constructoras, Corrupción, Corrupción Urbanística, Edificación, Encaucamientos, ladrillazo, Masificación Costera, Notificaciones, obras, Obras ilegales, PAI, PGOU, Playa de Levante, Playa de Poniente, PP, PSOE, Rajadell, Reparcelación, Rincón de l'Oix, Urbanismo, Urbanismo Corrupto, Urbanizaciones
El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, ha pedido a Construcciones Euromar, SL, que no paralice las obras de un PAI en la playa de Poniente, pese a que el programa urbanístico ha sido vetado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por obras ilegales en suelo de dominio público hidráulico.
El Consistorio considera que la orden de la CHJ no es vinculante, ya que ha sido remitida al urbanizador y no al Ayuntamiento, que es el responsable. El proyecto ocupa 200.000 metros cuadrados a 50 metros de la playa y prevé entre 1.500 y 2.000 casas.
Según el concejal de Urbanismo, José Ramón González, la CHJ prohíbe ahora encauzar el barranco de Rajadell -que atraviesa el sector- de forma subterránea y obliga a dejarlo abierto, lo que implica que en lugar de mantener 12 metros de anchura en la superficie deben dejarse 22.
Esta notificación se produce cuando la obra ya está en marcha y cuatro edificios del sector están directamente afectados. Las construcciones ya tienen incluso licencia de obra.
Un portavoz de la CHJ asegura que “la empresa sabe desde el principio que no podía hacerlo y a pesar de eso iniciaron las obras”.La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHS) sostiene que es legal notificar a la empresa y no al Consistorio la orden de paralización de las obras de PAI. El organismo de cuenca advierte de la posible apertura de un expediente de infracción que culminaría con la restitución de la zona a la situación anterior si no se acata su orden.
El PAI vetado por la CHJ es la última zona que queda por urbanizar en la playa de Benidorm. El sector estaba delimitado en el Plan General de 1990 y las gestiones se han dilatado más de una década. No fue hasta septiembre de 2002 cuando se aprobó la alternativa técnica por parte del consistorio, y el 11 de febrero de 2005 cuando se publicó el edicto del proyecto de reparcelación. Las obras empezaron en primavera de 2007, tras obtener luz verde de todas las instancias la homologación de la zona calificada como no urbana en el PGOU.
El consistorio tuvo conocimiento de las dificultades cuando Construcciones Euromar S. L. presentó en noviembre de 2007, un escrito en el que comunicaba la imposibilidad de continuar ejecutando las obras aludiendo a “irregularidades en el terreno”. El Ayuntamiento solicitó posteriormente a Euromar, sociedad del constructor Carlos Pastor, que no las detuviera, alegando que era al Consistorio a quien debían notificar las deficiencias. Al mismo tiempo, José Ramón González ha anunciado que el consistorio está “mediando” con la Confederación para desbloquear la situación.
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el juzgado número 3 de Alicante contra el Ayuntamiento por la tramitación de otro PAI, en este caso el plan parcial Murtal 1, también en la zona de Poniente, que prevé 2.000 viviendas en 907.656 metros cuadrados. Los socialistas consideran ilegal la decisión del pleno de 2 de abril de 2007 para pagar en terrenos en lugar de en metálico los costes de urbanización correspondientes al 10% de aprovechamiento que corresponden al Consistorio.
El edil de Urbanismo mostró absoluta tranquilidad: “La documentación está avalada por informes técnicos”
Febrero 19, 2008
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”Sé que ha habido que soltar un contrazo de dinero para que den la licencia de urbanización (…) Cuando estamos pidiendo presupuesto y nos estamos comprometiendo es porque vamos a tener el permiso de forma inmediata”, aseguraban en conversación telefónica a Jan Nadir, uno de los imputados por blanqueo de capitales en el caso Hidalgo en marzo de 2007.
“Se va a tener en el mes de marzo, porque para esto nos ha costado el otro día soltar un montón de dinero a una gente del Ayuntamiento”, añadía el intermediario del negocio.
La conversación, incluida en un informe policial dentro del sumario del caso, destapa una serie de negociaciones y presuntos pagos con personas que podrían ser funcionarios públicos o relacionados con el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Estos movimientos buscaban conseguir que se pudiera edificar en unos terrenos que Nadir -dedicado a la explotación de gasolineras y detenido en Bélgica por un fraude de IVA cometido en este sector- estaba interesado en comprar.
Según los investigadores, el empresario firmó a través de Petroazul SL, una de sus empresas, un acuerdo con las sociedades Donkasa SL y Parque Rosales SL por el que adquiría unos terrenos en el municipio de Estepona, con la condición de que se pudiera edificar en ellos. “Esta operación sería del todo imposible sin la connivencia de una persona que se encuentra dentro del área de Urbanismo de Estepona, en este caso Arturo Cebrián”, recoge el escrito del grupo de blanqueo de capitales.
Cebrián es uno de los cinco arquitectos que trabajan en el área de Urbanismo. Está contratado como empleado municipal desde 2004 y mantiene la sociedad Arce Arquitectura SL, dedicada a proyectos de arquitectura y urbanismo. Según las fuentes consultadas, su principal cometido es informar de expedientes de licencias y planeamiento.
Las pesquisas policiales han determinado que el arquitecto formaba parte de las sociedades vendedoras de los terrenos y que mantenía relación con los administradores. “Es claro y notorio el deseo de Arturo de que la operación llegue a buen puerto y la implicación personal que mantiene, con reuniones, entrega de documentación y sus planteamientos futuros”, añaden los investigadores.
Entre una de las conversaciones telefónicas intervenidas, grabada el 5 de marzo del año pasado, se observa cómo Nadir y Cebrián hablan del proyecto y evalúan los avances.
-Nadir (N). ¿Vamos a tener este mes la terminación de la urbanización.
-Cebrián (C). Sí, si seguramente sí.
-N. Entonces es para saber cómo va el tema.
-C. Pues a mí me gustaría tener una reunión contigo. (…) También para que podamos hacer un poco de planes para el futuro, para los proyectos.
-N. Sí, sí, eso podemos hacerlo pero, eso independientemente del proyecto, la urbanización no tiene nada que ver con esto.
-C. No, no tiene nada que ver, pero la urbanización va, es perfecto, ya está con la información pública y seguramente se tendrá el permiso en este mes.
-N. Sí, eh
-C. Sí, si, y después tenemos que hacer la reparcelación pero habría que empezar a pensar en los proyectos
-N. Sí, sí.
-C.Porque ya rápidamente se puede empezar a pedir licencia de obras.
El 19 de marzo vuelven a hablar y conciertan una cita para el día siguiente. Nadir se muestra preocupado por saber si ya disponen del permiso de terminación, que le dijo tendría para el día 20, y Cebrián le contesta que “está en plazo”.Al día siguiente, los investigadores montan un dispositivo de vigilancia y siguen a Jan Nadir hasta un restaurante marbellí. A la cita, acudieron además otras tres personas. “Después de dos horas, se observa salir a Nadir junto a Arturo, todos ellos portando carpetas, y con actitud satisfecha”, recogen los agentes en su informe.
Febrero 16, 2008
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No se le ha ocurrido a esta mujer mejor argumento que decir que el juzgado de San Javier la acusa de corrupción y cohecho para dañar la imagen del PP.
Acusada de tráfico de influencias en la pedanía murciana de Fuente Álamo, ahora también niega que tuviese trato de preferencia hacia el promotor que estaba llevando a cabo obras en Fuente Álamo y que dicho promotor hubiese apoyado económicamente su campaña a la alcaldía de Murcia.
Esto demuestra toda la cara dura que pueden llegar a tener algunos políticos en nuestro país.
Enero 16, 2008
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Aun y cuando la propia Consejería de Turismo reconoce en el estudio sobre la demanda de golf en Andalucía que en 2005 Andalucía recibió sólo 364.000 turistas que declararon el golf como el objetivo de su viaje, lo que supone un 1,5% del total, muchos menos de los que vienen atraídos por nuestro patrimonio cultural o por los espacios naturales, en esta comunidad autónoma se sigue con la construcción desmesurada de este tipo de infraestructuras.
Según los ecologistas, el proyecto de Decreto sobre el golf elaborado por la Junta de Andalucía no es más que una nueva cesión a las presiones de los especuladores urbanísticos, y un inadmisible incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que promueve la ciudad compacta mediterránea para optimizar recursos, y se opone a que los campos de golf sean meras excusas para las recalificaciones de terrenos y las promociones inmobiliarias. Este Decreto propiciará el que siga campeando en Andalucía una política urbanística que ha desencadenado todo tipo de ilegalidades, impactos ambientales y corrupción.
El Informe de Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) de 2006, auspiciado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha dejado en evidencia que el ritmo de ocupación del suelo triplica el del crecimiento de la población en Andalucía; ya hay provincias que tienen más de la mitad de la primera línea de costa construida.
No os emocionéis porque esto lo estoy escribiendo desde un ordenador de la Facultad. Mi ordenador de casa esta oficialmene muerto. Tengo que llevarlo a arreglar y más cuando me hace falta para la Uni
Diciembre 31, 2007
· Archivado en Arenales-LUDLD, Ladrillazo y Corrupción, Las Quejas, Vitoria-Gasteiz y Alrededores, ¿¿Cómo?? · Tagged 2007, Año, Algarrobico, Alhaurín, Ali, Alicante, Almería, Andalucia, Andratx, Arenales del Sol, Arenales-LUDLD, Arroyo de la Encomienda, Benidorm, Cabo de Gata, Campos de Golf, Caso Guateque, CC, Chalés Bioclimáticos, Circuito de Formula 1, Corrupción Urbanística, EB, el Pocero, Indpedendientes, IU, Justicia, Juzgados, Labastida, ladrillazo, Ladrillazo y Corrupción, ladrillo, Laguardia, Ley de Costas, Madrid, Marina Dor, Málaga, Murcia, PA, PAR, Parques Naturales, PNV, Política, políticos, PP, PSOE, Región de Murcia, Rincón de l'Oix, Rioja Alavesa, San Glorio, Sanxenxo, Seseña, Sevilla, Sueldos de Alcalde, Toledo, Totana, Urbanizaciones, Valencia, Vitoria, Vitoria-Gasteiz y Alrededores, Zerrichera, Zona Protegida
Si por algo se va a recordar 2007 va a ser por la cantidad de casos de corrupción que se han dado por todo el país. Sin distinción de ideas políticas ni siglas ha sido un fenómeno demasiado extenso por todas las provincias españolas sin excepción.
Puede que ahora seamos más susceptibles a este tipo de actuaciones, y eso está bien, porque no es justo que a costa de la gente de a pie los políticos se enriquezcan con acciones casi siempre ilegales sobre todo de recalificaciones de terrenos.
Totana, Andratx y el Caso Guateque habrán sido de los más sonados, pero también están otros como el Algarrobico, que sigue en pie todavía, los chalés bioclimáticos de Ali en Vitoria por los que el entonces concejal de urbanismo pedía 54.000 euros más a cada propietario(La justicia ha dado la razón a los propietarios con lo que ese dinero no lo han tenido que pagar finalmente) , los campos de golf de Laguardia y Labastida, Gran Canaria, Seseña y el pocero con su ciudad a partir de la nada, las urbanizaciones de Arenales del Sol en medio de una zona antes protegida, los rascacielos de Benidorm literalmente sobre el agua ignorando la Ley de Costas, Las urbanizaciones sin agua de toda la Región de Murcia, Marina D’Or, Alhaurín, el Circuito de Formula 1 de Valencia, Sanxenxo con su alcaldesa cobrando un sueldo desorbitado……. y un largo etcétera de casos que han impactado tanto por su repetición como por la sorpresa de ver esos casos en lugares aparentemente a salvo del ladrillo.
Noviembre 27, 2007
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La guardia civil detuvo ayer a al menos 6 personas por su presunta vinculación con la recalificación de terrenos de rústicos a urbanizables en Totana para la construcción de viviendas por parte de una empresa constructora afincada en Galicia. Dos de las detenciones se produjeron en Galicia, otra en Madrid y las tres restantes en la Región de Murcia, tanto en Totana como en la capital murciana.
Entre los detenidos destacan, el director de la citada empresa, uno de sus ayudantes, un dueño de un negocio de productos agrícolas que actuó de mediador entre la empresa y quienes recibieron los sobornos para la recalificación de los terrenos . La operación sigue abierta con lo que se esperan nuevas detenciones.
